Test: LPAC 39/2015: procedimiento administrativo

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) es una de las normas más examinadas en la oposición de Auxilio Judicial. Regula cómo actúan las Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos y entre sí. Su dominio es imprescindible porque los exámenes extraen preguntas directas de plazos, fases del procedimiento y derechos de los interesados.

Marco normativo

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015).
• Entró en vigor el 2 de octubre de 2016 (un año después de su publicación), salvo las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general, archivo único y notificaciones electrónicas, que entraron en vigor el 2 de octubre de 2018.
• Deroga la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• Se complementa con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (régimen interno de las Administraciones), aunque esta última no es objeto directo de este tema.

Estructura del tema

La LPAC se organiza en 6 títulos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales:

• Título I — De las Administraciones Públicas y sus relaciones (arts. 1-6)
• Título II — De la actividad de las Administraciones Públicas (arts. 7-53)
• Título III — De los actos administrativos (arts. 34-52)
• Título IV — De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común (arts. 53-101)
• Título V — De la revisión de los actos en vía administrativa (arts. 106-126)
• Título VI — De la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria (arts. 127-133)

Nota de estudio: los exámenes se concentran en los Títulos II, III y IV.

Conceptos clave

Interesados (arts. 4-5)

Son interesados en el procedimiento:

• Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
• Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados.
• Los que tengan intereses legítimos y se personen mientras no haya recaído resolución definitiva.

Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales pueden ser consideradas interesadas cuando actúen en defensa de intereses colectivos (art. 4.2).

La capacidad de obrar ante las Administraciones corresponde, además de a quienes la tengan con arreglo a las normas civiles, a los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela (art. 3).

Representación (art. 5)

Los interesados pueden actuar por medio de representante. La representación puede acreditarse mediante:

• Apoderamiento apud acta (comparecencia personal o electrónica).
• Acreditación por cualquier medio válido en Derecho.

Para los actos y gestiones de mero trámite se presume la representación (art. 5.4).

Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones (art. 13)

Entre los más preguntados:

• A comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General Electrónico.
• A ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
• A no aportar datos o documentos que obren en poder de las Administraciones.
• A conocer el estado de tramitación de los procedimientos.
• A obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos exigibles.

Obligación de relacionarse electrónicamente (art. 14)

Están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones:

• Las personas jurídicas.
• Las entidades sin personalidad jurídica.
• Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.
• Los empleados de las Administraciones Públicas en sus trámites con la Administración.
• Los representantes de los sujetos anteriores.

Las personas físicas, en principio, pueden elegir el canal (electrónico o presencial), salvo que reglamentariamente se establezca la obligación electrónica.

Registros (arts. 16-17)

• Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General.
• Los documentos presentados en días u horas inhábiles se entienden presentados el primer día hábil siguiente.
• El registro electrónico de cada Administración u organismo garantizará la constancia de la fecha y hora de presentación.
• Los documentos presentados en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto para que el empleado estampe el sello con la fecha (art. 16.4).

Términos y plazos (arts. 29-32)

• Los plazos señalados por días se computan a partir del día siguiente a la notificación o publicación.
• Los plazos señalados por meses o años se computan de fecha a fecha.
• Si el último día es inhábil, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente.
• La Administración puede conceder una ampliación de plazo que no exceda de la mitad del plazo original, siempre que no perjudique derechos de terceros (art. 32.1).
• Los interesados pueden solicitar la ampliación antes del vencimiento del plazo y si se trata de plazos para subsanar deficiencias.

Notificaciones (arts. 40-46)

• Toda resolución o acto que afecte a derechos e intereses debe notificarse.
• El plazo para notificar es de 10 días desde que el acto haya sido dictado (art. 40.2).
• La notificación debe contener: texto íntegro del acto, indicación de si es o no definitivo en vía administrativa, recursos procedentes, órgano ante el que interponerlos y plazo para interponerlos.
• Si la notificación es defectuosa pero el interesado actúa, se tiene por efectuada (art. 40.3).
• Las notificaciones electrónicas se practican mediante la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o sistemas equivalentes.
• Cuando no sea posible la notificación personal, se acude a la notificación por publicación en el BOE (Tablón Edictal Único) (art. 44).

Iniciación del procedimiento (arts. 54-65)

• De oficio: por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, por orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia.
• A solicitud del interesado: la solicitud debe contener nombre, identificación, hechos, razones y petición, lugar y fecha, firma, órgano al que se dirige (art. 66).

El órgano competente puede acordar la acumulación de procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión (art. 57).

Subsanación y mejora (art. 68)

Si la solicitud no reúne los requisitos, el órgano requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hace se le tendrá por desistido.

Instrucción (arts. 75-83)

• Los actos de instrucción necesarios se realizarán de oficio.
• Prueba: el instructor puede acordar la apertura de un período de prueba de 10 a 30 días (art. 77.2). En procedimientos complejos puede ampliarse hasta 60 días.
• Informes: son preceptivos los señalados por norma y facultativos los demás. El plazo para emitirlos es de 10 días, salvo que la norma fije otro. Si son preceptivos y no se emiten en plazo, se pueden proseguir las actuaciones (art. 80).
• Audiencia: antes de la propuesta de resolución, se da al interesado un plazo de 10 a 15 días para formular alegaciones y presentar documentos (art. 82.2). Puede reducirse a 7 días en procedimientos de urgencia.
• Información pública: plazo mínimo de 20 días (art. 83.3).

Resolución (arts. 84-92)

• La resolución debe ser motivada cuando sea desfavorable, limite derechos, se separe del criterio de informes o propuestas, o se adopte en procedimientos de responsabilidad patrimonial, entre otros supuestos (art. 35).
• El silencio administrativo positivo opera cuando la resolución no se dicta en plazo y la norma no establece efecto desestimatorio (art. 24). El silencio es negativo en los procedimientos de impugnación o revisión de actos y disposiciones, y en los de ejercicio del derecho de petición (art. 24.1).
• El plazo máximo para resolver es el fijado por la norma reguladora del procedimiento; si no lo fija, el plazo es de 3 meses (art. 21.3).

Terminación del procedimiento (arts. 84-95)

Formas de terminación:

• Resolución.
• Desistimiento del interesado.
• Renuncia al derecho.
• Declaración de caducidad (art. 95): si el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado más de 3 meses, la Administración le advertirá y, si en 15 días no reactiva, declarará la caducidad.
• Imposibilidad material sobrevenida.

Datos numéricos y plazos que más se preguntan

• Plazo de notificación: 10 días desde que se dicta el acto (art. 40.2).
• Subsanación de solicitudes: 10 días (art. 68).
• Audiencia al interesado: 10 a 15 días (art. 82.2); en urgencia, 7 días.
• Período de prueba: 10 a 30 días; en procedimientos complejos hasta 60 días (art. 77.2).
• Información pública: mínimo 20 días (art. 83.3).
• Plazo máximo de resolución si no hay norma específica: 3 meses (art. 21.3).
• Ampliación de plazo: máximo la mitad del plazo original (art. 32.1).
• Caducidad por paralización imputable al interesado: 3 meses de paralización + aviso + 15 días para reactivar (art. 95).
• Informes: 10 días para emitirlos salvo norma especial (art. 80.2).

Errores típicos del opositor

• Confundir silencio positivo (regla general en procedimientos iniciados a solicitud) con silencio negativo (regla en procedimientos de impugnación y revisión).
• Creer que la notificación defectuosa es nula de pleno derecho: no lo es si el interesado actúa, pues se convalida (art. 40.3).
• Confundir desistimiento (renuncia al procedimiento, no al derecho) con renuncia (renuncia al derecho mismo).
• Pensar que el plazo de audiencia es siempre 10 días: es de 10 a 15 días (puede ser 7 en urgencia).
• Confundir el plazo para emitir informes (10 días) con el plazo de subsanación (10 días): coinciden numéricamente pero son instituciones distintas.
• Olvidar que las personas físicas no están obligadas a relacionarse electrónicamente salvo norma reglamentaria específica.

Trucos mnemotécnicos

• “10-10-10-20-3”: notificación (10 días), subsanación (10 días), informes (10 días), información pública (20 días), resolución sin norma (3 meses).
• “Audiencia: entre 10 y 15, urgencia 7”: la “u” de urgencia y la “u” de “siete” (7) te recuerdan el plazo reducido.
• “Silencio P = Positivo = Procedimientos iniciados a Petición”: la triple P ayuda a recordar cuándo el silencio es estimatorio.
• “Caducidad = 3 meses + 15 días”: tres meses de espera, quince días de aviso final.
• “Ampliación = mitad del plazo”: nunca más de la mitad, nunca perjudicando a terceros.